El director general de Consumo del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Florencio García Madrigal, ha explicado en el transcurso de la tercera jornada de Aulas de Consumo 2002, dedicada al suministro de gas y de electricidad, que “es necesario establecer las condiciones para un servicio de calidad y la reducción de sus precios, creando condiciones especiales para los colectivos más vulnerables”. El director general de Consumo ha expresado el deseo de los consumidores de que se lleve a cabo una “liberalización real” del sector energético, “que repercuta la reducción de precios no sólo en el ámbito industrial sino también en el doméstico”.
La jornada, en la que han participado Bonifacio García, administrador de la Unidad de Mercado Interior, Servicios Públicos y Aplicación del Derecho Comunitario de la Dirección General de Transporte y Energía de la Comisión Europea; Miguel Ángel Anaya, jefe del Área de Consumidores de la Comisión Nacional de Energía, y Juan José Fernández, director del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, ha tratado sobre procedimientos de contratación y reclamación, de las instalaciones, su funcionamiento, las garantías de seguridad, etc.
En 2001, los servicios de atención al consumidor de la Dirección General atendieron 408 reclamaciones referidas a servicios de interés general (agua, luz, gas) que son casi el 5% de todas las presentadas. Los principales motivos de reclamación fueron el corte del suministro eléctrico por recibo impagado que había sido girado por correo, averías con interrupción del suministro eléctrico atribuidas por la empresa a causas atmosféricas, falta de acuerdo con la facturación, daños causados por las obras de la empresa eléctrica, etc. En cuanto al servicio de abastecimiento de gas, las reclamaciones versaron básicamente por corte de suministro sin previo aviso.
En la sesión de trabajo se ha recordado que una vez interpuesta una reclamación de modo reglamentario, la empresa no podrá privar del suministro al consumidor en tanto no recaiga una resolución expresa sobre la reclamación presentada.