El consejero delegado de Telefónica, Julio Linares, ha destacado en Santander que la crisis no está frenando la revolución digital y ha llamado a la cooperación de los agentes que componen el sector. “La cuestión está en distinguir entre cuándo competir y cuándo cooperar”, ha explicado. En este contexto de crisis, la innovación juega un papel fundamental y las redes cobran un protagonismo creciente, pues más del 97% del tráfico total es IP. Julio Linares ha hecho estas declaraciones en Santander, donde ha participado, junto con la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en la jornada inaugural del XXIII Encuentro de las Telecomunicaciones UIMP.
Julio Linares ha señalado igualmente en Santander que las aplicaciones siguen recibiendo un importante impulso desde distintos frentes, tanto por parte de los operadores, como de los contenidos y de los propios dispositivos. “El progreso necesita de la innovación –ha explicado- y la innovación ha de venir de la mano de una red cada vez más sofisticada y de una actitud cada vez más abierta por parte de los propios operadores”.
Sin embargo, el consejero delegado ha revelado también las consecuencias del impacto negativo de las más recientes decisiones regulatorias en el sector de las telecomunicaciones. “La reciente regulación europea -ha explicado- no ha estimulado el desarrollo del sector, ha generado incertidumbre y se ha mostrado insensible ante la crisis. Además, no se ha ocupado de otros problemas, como la importante presencia pública en empresas del sector o del desarrollo de las nuevas infraestructuras”. De esta forma, el desarrollo de las redes de nueva generación en Europa se aleja de los valores que registran otras regiones del mundo, como Japón, Corea del Sur o Estados Unidos, donde el porcentaje de fibra óptica sobre el total de banda ancha se sitúa en el 48%, el 44% y el 6%, respectivamente, mientras que en Europa representa sólo el 2%.
Linares ha recordado cómo la reciente regulación del roaming y de las tarifas de terminación de llamadas móviles, para el periodo 2007-2012, ha derivado en una caída de la inversión por parte de las operadoras, pues la bajada de los precios no ha venido acompañada de un incremento proporcional de la demanda y, por tanto, de los ingresos del sector . En concreto, la nueva regulación del roaming habría mermado en 6.000 millones de euros los ingresos totales del sector en la Unión Europea, mientras que el impacto negativo de las nuevas tarifas de terminación se puede estimar en menos ingresos por un montante de 34.000 millones. En total, y teniendo en cuenta el impacto en los consumidores y en los operadores, se podría decir que sólo por estos dos conceptos el sector estaría dejando de invertir 6.000 millones de euros.
Además, el nuevo marco regulatorio europeo sigue pendiente, estimándose una duración final del proceso de aproximadamente 66 meses para obtener la luz verde definitiva, si se contempla desde las fases de preparación, hasta su aprobación y entrada en vigor tras el visto bueno de las diferentes instancias involucradas. Por lo tanto, el marco actual hunde sus raíces en problemas del pasado -vigentes cuando se inició el proceso- y no en los nuevos retos.
El papel de la regulación, -ha dicho Linares- debería ser el de generar certidumbre, el de favorecer la competitividad y el desarrollo del sector, estimulando la inversión y la innovación y garantizando la competencia, y el de marcar el camino de la normalización dando protagonismo al sector.
Nueva política europea de telecomunicaciones
Sin embargo, el consejero delegado de Telefónica ha subrayado que es precisamente en el contexto del actual cambio de ciclo económico y sectorial cuando se debería emprender una nueva política de Telecomunicaciones. “La nueva política de telecomunicaciones debería promover la inversión y la innovación”, ha explicado Linares.
Las instituciones europeas necesitan fundamentar sus líneas de actuación en un mercado europeo global apoyado en las TIC y en las empresas privadas como motor de desarrollo del sector. Así, las Administraciones Públicas comunitarias deberían contemplar entre sus objetivos impulsar la demanda y los nuevos servicios, estimulando igualmente la competencia entre las distintas plataformas y garantizando a la vez el principio de neutralidad tecnológica.
De acuerdo con Julio Linares, la regulación derivada de esta nueva política debería caracterizarse por su flexibilidad al afrontar retos económicos y retos del mundo digital bajo las siguientes premisas:
- Tener en cuenta la coyuntura económica
- Promover un marco adecuado para la gestión inteligente de las nuevas redes
- Abandonar la microregulación
- Disponer de espectro en tiempo y coste
- Equilibrar la cadena de valor para todos los agente evitando asimetrías
- Proteger los derechos de propiedad intelectual.