El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes 13 de septiembre el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que actualiza la normativa para adaptarla a los avances del sector de las telecomunicaciones y favorecer el desarrollo de la economía digital. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias, y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.
La nueva Ley, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad.
El Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte de la política económica. Ésta se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con dos objetivos principales: facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura, y mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.
La consecución de estos dos objetivos se lleva a cabo a través de la nueva normativa, que se basa en cuatro grandes pilares: impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios, recuperación de la unidad de mercado con reglas únicas en toda la geografía española, eliminación de barreras administrativas y facilitar el despliegue de redes.
Para facilitar el despliegue de redes, se reducirán los costes de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y dispongan de mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de costes.
Para ello, se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas, lo que implica que, si un residente desea contratar servicios de redes ultrarrápidas, la comunidad de vecinos deberá permitir el despliegue necesario para proporcionar ese servicio.
Además, para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.
Impacto en la economía
Según un informe de la ONTSI, el sector TIC y de contenidos digitales en España facturó 100.828 millones de euros en 2011, con una inversión realizada por parte de las empresas del sector de 17.877 millones de euros. Más de 444.600 personas trabajaban en este sector en 2011.
De acuerdo con datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a 66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que representa un 3,5% del PIB. Su inversión en ese período superó los 4.000 millones de euros.