El Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) reclama criterios de accesibilidad obligatoria en los bienes, productos y servicios tecnológicos para las grandes empresas que quieran participar del jugoso pastel de las contrataciones públicas.
Según Juan Carlos Ramiro, director de Accesibilidad de CENTAC, la batalla a favor de la accesibilidad tecnológica necesita conjugar intereses tales como el beneficio económico con su beneficio social para que no se quede nadie fuera
. La Sociedad de la Información y la Comunicación evoluciona a un ritmo acelerado y hay que garantizar su usabilidad y accesibilidad a personas mayores ya a usuarios con discapacidad física, sensorial, psíquica y cognitiva. La inversión pública es necesaria para incentivar el mercado y que esto obligue a las grandes empresas tecnológicas a contemplar criterios de accesibilidad y usabilidad en su fabricación y comercialización
.
Ramiro recuerda que sectores sociales de mayores, personas con discapacidad o limitaciones vienen reclamando variedad de ofertas de productos y servicios tecnológicos que sean capaces de usar
. Por ello, las grandes empresas deben tomar conciencia y dar importancia a estos consumidores y clientes en potencia
, reclama.
En ese sentido, desde CENTAC consideran que, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, la industria debe conjugar el beneficio económico con criterios sociales de forma que sean rentables y sostenibles. Se evitaría así el elevado gasto público de las administraciones que deben buscar soluciones alternativas costosas para cumplir sus obligaciones legales con los ciudadanos
, precisa el director de Accesibilidad de CENTAC.
Normativa europea
En lo que se refiere a legislación, Ramiro explica que la Directiva 2014/24/UE de la Unión Europea establece criterios obligatorios con determinados principios de accesibilidad para acceder a toda contratación pública. La norma técnica europea EN 304 549 sobre los Requisitos de accesibilidad adecuados para para la contratación pública de servicios y productos TIC en Europa establece criterios de accesibilidad en la contratación de productos desde ordenadores, teléfonos móviles así como sitios web destinados a las compras públicas.
Sin embargo, Ramiro señala que existen divergencias en el cumplimiento y vigilancia de la norma. Los sectores sociales prefieren una certificación externa mientras que las empresas tecnológicas abogan por la “autocertificación en un marco legislativo de sanciones duro, ágil y eficaz
, puntualiza.