La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha sido aprobada el 13 de mayo por el Congreso de los Diputados, y entrará en vigor el día siguiente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta ley tiene como objetivos la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia energética.
La ley establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de un 42%; lograr una sistema eléctrico con un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
El texto indica que España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable antes de 2050. Por su parte, el Consejo de Ministros podrá revisar los objetivos establecidos para adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y del conocimiento científico y cumplir con el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea.
Como instrumentos de planificación para abordar la transición energética, el texto recoge los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050. Esta estrategia deberá ser aprobada por el Gobierno mediante real decreto, para establecer una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050.
Rehabilitación de edificios
La ley contempla que el Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050. Se ha establecido un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del texto, para que el Ejecutivo elabore un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.
Respecto a la movilidad, antes de 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación para permitir la reducción de las emisiones derivadas de la movilidad.
Por otro lado, la Estrategia de Descarbonización a 2050 prevé adoptar medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones antes de 2040.
Otros aspectos de la Ley de Cambio Climático
En cuanto al desarrollo rural, el despliegue de las energías renovables deberá llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial.
Asimismo, las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención. De igual forma, el Gobierno deberá revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo de manera transversal.
Mediante esta ley también se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Para ello, deberá elaborar anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.