El Consejo de Ministros ha autorizado las propuestas de distribución territorial de 500 millones de euros para el periodo 2021-2023, destinada a varios proyectos de digitalización y conectividad que gestionarán las Comunidades Autónomas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con los acuerdos aprobados, las Comunidades Autónomas contarán hasta 2023 con 360 millones de euros para poner en marcha actuaciones que se enmarcan en el Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico), que tiene el objetivo de lograr la universalización del acceso a la banda ancha ultra rápida de 100 Mbps o superior en todo el territorio, así como la aceleración del despliegue de 5G, incluso en las áreas rurales de carácter remoto.
Líneas de actuación
Esta cuantía se dividirá entre cuatro líneas. La primera línea es Unico-Edificios, que permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. El presupuesto del programa es de 80 millones de euros.
Con un presupuesto de 150 millones de euros, el programa Unico-Servicios Públicos permitirá financiar infraestructura de banda ancha con velocidades de, al menos, 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, en centros de referencia como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación y otros centros en los que se presten servicios públicos.
El tercer programa es Unico-Industria y Empresas que pretende reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad económica, situados en zonas blancas o zonas grises NGA. Para ello, se contará con un presupuesto de 100 millones de euros para el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, y la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.
Por último, Unico-Bono Social tiene un presupuesto de 30 millones de euros y consiste en la creación de un bono social que permita contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables. Solo se adjudicará un bono por unidad familiar con una cuantía máxima de 240 euros al año.
Asimismo, las Comunidades Autónomas dispondrán de 140 millones de euros para ejecutar acciones de formación y adquisición de competencias digitales por parte de la ciudadanía, con especial foco en colectivos como mujeres y niñas.