Proyecto piloto de reconocimiento facial para controlar la asistencia a cursos de formación en Andalucía

Reconocimiento facial.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha anunciado que en el mes de mayo se iniciará una experiencia piloto para implementar un sistema de control de asistencia por firma biométrica, con el fin de verificar la participación de 30.000 alumnos y profesores en las acciones de Formación Profesional para el Empleo.

El sistema de reconocimiento facial verificará la asistencia de 30.000 alumnos y profesores de la Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía.

El nuevo sistema de reconocimiento facial, denominado SICPA, ha supuesto una inversión inicial de 594.079 euros y su puesta en marcha durará dos años, prorrogables dos años más. Este proyecto proporcionará a la Administración Pública un control riguroso de los fondos públicos, al tiempo que se evitarán posibles fraudes.

Actualmente, el proyecto se encuentra ya en su última fase de desarrollo, lo que permitirá entre los meses de mayo y junio desarrollar en la provincia de Sevilla la primera experiencia piloto y posteriormente generalizar su uso al resto de acciones formativas.

Funcionamiento de SICPA

SICPA permite la mejora en la eficacia del control de asistencia con el desarrollo de una aplicación móvil para la acreditación de la identidad del alumno y profesor por firma biométrica, en concreto por reconocimiento facial, respetando en todo momento la normativa relativa a la protección de los datos.

Durante los cursos, la aplicación móvil solicitará a los alumnos, previamente identificados, la realización de controles de presencia que serán verificados, realizándose al menos tres controles por jornada formativa, al inicio, al final y de forma aleatoria en el transcurso de la jornada. Todos los datos serán almacenados en tiempo real y se podrán utilizar tanto para las auditorías como para la generación de informes.

Esta herramienta permitirá 6 millones de controles de presencia anuales y demostrables de cara a los procesos de auditorías tanto externas como internas, evitando además el desplazamiento físico de auditores, lo que va a mejorar la eficiencia y el mejor uso de los recursos de la Administración Pública.

 
 
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