A propuesta de la Administración General del Estado (AGE), el Pleno de la Comisión Interministerial para la implantación de la metodología BIM en la contratación pública ha acordado iniciar la elaboración del Plan de incorporación de esa metodología en la contratación pública de la AGE y sus organismos adscritos y entidades dependientes.
El Plan será elaborado por la Comisión Interministerial BIM, que reúne a todos los Departamentos que representan al sector público institucional dependiente, y se elevará a Consejo de Ministros para su aprobación.
La Secretaría de la Comisión, que ejerce el Gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ejercerá el liderazgo en la elaboración del Plan, con el apoyo del Comité técnico de la Comisión Interministerial BIM, recientemente constituido.
Según indica el Real Decreto 1515/2018, el Plan BIM debe establecer «las actuaciones para la incorporación gradual y progresiva» de la metodología y «los umbrales mínimos para la obligatoriedad de su aplicación».
Documentación técnica
En este contexto, la Comisión BIM ha acordado iniciar la elaboración en paralelo de distinta documentación técnica indispensable para facilitar dicha incorporación, que preparará el Comité técnico y aprobará la propia Comisión Interministerial.
Esta documentación incluirá un documento de divulgación sobre los fundamentos de BIM en la contratación pública, un breve documento conceptual que tiene como objetivo presentar la metodología BIM, y contestar a las primeras preguntas que plantea la implantación BIM a los gestores públicos.
Asimismo, se desarrollará la guía de contratación con la metodología BIM que mostrará a un gestor público cómo se incorporan los requisitos BIM en los procesos de contratación pública para la redacción de proyectos y la ejecución de obras, y definirá los procesos de seguimiento de la ejecución de contratos licitados con requisitos BIM.
También se desarrollará un estándar BIM para la contratación pública, que tiene el objetivo de establecer un lenguaje común en el intercambio de información entre el órgano de contratación y el licitador o adjudicatario, de forma que todos los contratos que se liciten en el ámbito de la AGE y sus entidades, requiriendo BIM, lo hagan de forma estandarizada.