La revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios busca reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de energía en el sector europeo de la construcción de aquí a 2030, para conseguir que sea climáticamente neutro en 2050. También pretende aumentar la tasa de rehabilitación de los edificios poco eficientes a nivel energético y mejorar el intercambio de información sobre la eficiencia energética. En base a esto, el Parlamento Europeo ha apoyado un proyecto de medidas para aumentar la tasa de rehabilitación de edificios y reducir su consumo de energía y las emisiones contaminantes.
Según el proyecto de medidas, todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones a partir de 2028. En el caso de los ocupados o explotados por la Administración pública, o de su propiedad, el plazo será 2026. A más tardar en 2028, todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnología solar cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico (en el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración el plazo se alargará hasta 2032).
Los edificios residenciales tendrían que conseguir, como mínimo, la clase energética E en 2030, y la D en 2033 (en una escala que va de A a G, esta última corresponde al 15% de edificios menos eficientes del parque inmobiliario nacional de un Estado miembro). Por su parte, los edificios no residenciales y públicos tendrían que conseguirla en 2027 y 2030 respectivamente.
La mejora de la eficiencia energética (obras de aislamiento o mejoras en el sistema de calefacción) se realizaría al vender un edificio o acometer importantes obras de rehabilitación, o, en caso de estar alquilado, a la firma de un nuevo contrato.
Planes nacionales
Los Estados miembros deberán prever en sus planes nacionales de rehabilitación las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos. Los planes nacionales de rehabilitación deberán incluir sistemas de apoyo para facilitar el acceso a las subvenciones y la financiación.
Los Estados miembros deberán instaurar puntos de información gratuita y programas de rehabilitación que no conlleven costes. Las medidas financieras deberán prever una prima importante para las rehabilitaciones de gran calado —especialmente para los edificios con peor rendimiento energético— y deberán incluir también subvenciones y financiación específicas para los hogares vulnerables.
Las nuevas normas no se aplicarán a los monumentos. Los países de la Unión Europea podrán excluir también, si lo desean, los edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los de uso temporal y las iglesias y lugares de culto. También podrán hacer una excepción con la vivienda pública social, en aquellos casos en que una rehabilitación llevaría aparejado un aumento del alquiler que no podría compensarse con el ahorro en la factura energética.
Los eurodiputados también quieren que los Estados miembros puedan ajustar los nuevos objetivos a una proporción limitada de edificios en función de la viabilidad económica y técnica de las rehabilitaciones y de la existencia de mano de obra cualificada.
Tras la aprobación del proyecto de medidas, el Parlamento Europeo entablarán ahora negociaciones con el Consejo Europeo para acordar la forma definitiva del proyecto de ley.