El Parlamento Europeo ha adoptado su posición negociadora sobre la Ley de Inteligencia Artificial (IA), y ya ha empezado las negociaciones con el Consejo Europeo sobre la forma definitiva del texto. El objetivo de la normativa es garantizar que la IA desarrollada y utilizada en Europa se ajuste plenamente a los derechos y valores de la UE, respetando requisitos como la supervisión humana, la seguridad, la privacidad, la transparencia, la no discriminación o el bienestar social y medioambiental.
Las normas están enfocadas a prevenir riesgos, a la vez que fijan unas obligaciones para los proveedores y los que despliegan herramientas basadas en IA en función del nivel de riesgo que pueda presentar la inteligencia artificial. Es el caso de los sistemas de IA que presentan un nivel inaceptable para la seguridad de las personas, como los utilizados para sistemas de puntuación social (clasificar a las personas a partir de su comportamiento o características personales), quedarían totalmente prohibidos.
Ampliación de las prohibiciones
Los eurodiputados han ampliado la lista propuesta por la Comisión Europea, añadiendo prohibiciones que se refieren a los usos intrusivos y discriminatorios de la IA. Entre estas prohibiciones, destacan los sistemas de identificación biométrica remota, en tiempo real o no, en espacios públicos; los sistemas de categorización biométrica que utilicen ciertas características identitarias (género, raza, etnia, etc.); así como los sistemas policiales predictivos basados en la elaboración de perfiles, la ubicación o el historial delictivo.
También se prohíben los sistemas de reconocimiento de emociones por las fuerzas de seguridad, en la gestión de fronteras, los lugares de trabajo o las instituciones de enseñanza; y el rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacadas de Internet o de circuitos cerrados de televisión para crear bases de datos de reconocimiento facial, que violan los derechos humanos y el derecho a la intimidad.
Por otro lado, los eurodiputados han incluido en la clasificación de las aplicaciones de alto riesgo los sistemas de IA que puedan afectar significativamente al medio ambiente o a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Se han añadido a la lista los sistemas de IA utilizados para influir en los votantes y el resultado de las elecciones y en los sistemas de recomendación utilizados por las plataformas de redes sociales (con más de 45 millones de usuarios).
Evaluación y mitigación de posibles riesgos
Los proveedores de modelos fundacionales tendrán que evaluar y mitigar los posibles riesgos para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de Derecho, y registrar sus modelos en la base de datos de la UE antes de comercializarlos en la UE.
Los sistemas de IA generativa basados en esos modelos, como ChatGPT, tendrán que cumplir unos requisitos adicionales de transparencia —identificar el contenido como generado por IA, para ayudar a distinguir las falsificaciones de las imágenes auténticas— y estar diseñados de forma que no puedan generar contenido ilegal. Además, deberán publicarse resúmenes detallados de los datos protegidos por derechos de autor que han sido utilizados para su desarrollo.
Excepciones en la ley de IA
Para impulsar la innovación en IA y apoyar a las pymes, los eurodiputados añadieron como excepciones los proyectos de investigación y los componentes de IA suministrados con licencias de código abierto. La nueva ley promueve los llamados ‘espacios controlados de pruebas’, o entornos reales en los que las empresas pueden probar la inteligencia artificial bajo la supervisión de las autoridades públicas antes de salir al mercado.
Por último, la Eurocámara quiere facilitar a los ciudadanos la presentación de reclamaciones sobre estos sistemas y la obtención de explicaciones sobre decisiones generadas por sistemas de alto riesgo que menoscaben significativamente los derechos fundamentales. Los eurodiputados también han reformado el papel de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que se encargaría de supervisar la forma en que se aplica el código normativo sobre IA.