El modelado de información de construcción (BIM) es una forma de trabajo colaborativa apoyada en estándares y tecnologías que permite el intercambio de información entre todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de un edificio o construcción. Desde el mes de junio, la metodología BIM podrá incorporarse en los diversos contratos públicos de la Administración General del Estado (AGE) y en el sector público estatal español relacionados con la construcción, gracias al Plan BIM.
Esta novedad ha sido posible tras la aprobación del Plan de Incorporación de la metodología BIM por parte del Consejo de Ministros del pasado 27 de junio de 2023, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Elaborado por la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública (CIBIM), el Plan BIM es una herramienta que contribuye a los objetivos establecidos por varios instrumentos estratégicos sobre transición ecológica y digital a nivel global, comunitario y nacional, como la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo o la Estrategia Nacional de Economía Circular, entre otros.
Asimismo, este plan se alinea con la política de fomento de la innovación a través de la contratación pública estratégica, impulsada por la Comisión Europea, así como con la Estrategia Nacional de Contratación Pública.
Objetivos clave del Plan BIM
Con dos objetivos principales, se espera que el Plan BIM mejore la eficiencia del gasto público en los contratos del sector público, mientras que sirve de palanca para la transformación digital del sector de la construcción.
Gracias a BIM, se puede centralizar en un modelo digital toda la información de un activo, desde la fase de diseño, construcción, gestión, hasta la de mantenimiento y/o demolición, lo que facilita una gestión más eficaz en los procesos de diseño, construcción y operación de los activos, proporcionando una base confiable para la toma de decisiones. Su uso contribuye así mismo a disminuir el impacto de la construcción en el medio ambiente, al reducir el volumen de residuos, y los costes de su gestión.
La metodología BIM se establecerá de forma gradual y progresiva, a través de umbrales económicos y niveles de aplicación, en los contratos públicos de la Administración General del Estado y el sector público estatal.
Umbrales económicos y niveles de aplicación de BIM
Según recoge el Plan BIM, se han fijado los umbrales económicos: valor estimado igual o superior a 5.382.000 euros, un valor inferior a 5.832.000 euros, e igual o superior a 2.000.000 euros, a partir de los cuales los órganos de contratación emplearán BIM en los contratos públicos. Asimismo, se ha establecido un calendario progresivo que abarca desde 2024 a 2030, y unos niveles crecientes de aplicación de BIM (nivel preBIM, inicial, medio, avanzado e integrado).
El calendario progresivo del Plan BIM para los órganos de contratación comenzará en abril de 2024 para los contratos de alto valor estimado y en niveles de uso de BIM crecientes, desde un nivel inicial hasta un nivel integrado, cumpliendo con los requisitos de seguridad e interoperabilidad exigibles. En el caso del nivel integrado, al requerir requisitos más complejos, se alcanzaría en 2030, fecha en la que el periodo de implementación deberá concluir.
Esta escala de niveles sirve como hoja ruta en la AGE y el sector público estatal para coordinar la incorporación gradual de BIM en la gestión de la información de un contrato público, y también puede emplearse por los órganos de contratación como referencia de las acciones a emprender para la completa implantación de BIM en sus contratos.
Excepciones en la solicitud de BIM en los contratos del sector público
Por otro lado, el documento también recoge una serie de excepciones por los cuales los órganos de contratación podrán no solicitar BIM en sus proyectos, como razones de urgencia que requieran dar respuesta a una necesidad inaplazable o acelerar la contratación por razones de interés público, o falta de eficiencia o de rentabilidad considerando el ciclo de vida en su totalidad, por la naturaleza y el objeto de las obras, entre otras razones.
En estos casos de excepcionalidad, el órgano de contratación deberá justificar dicha excepcionalidad en el informe de motivación de la necesidad del contrato que se publica en el perfil del contratante.
Acciones de la Comisión Interministerial
Para facilitar la correcta implantación del BIM en los contratos públicos, la Comisión Interministerial está trabajando en el desarrollo de una herramienta de autoevaluación. Mediante esta herramienta, tanto un órgano u organización de la Administración General del Estado como el sector público institucional estatal podrán conocer el nivel BIM de partida en sus proyectos.
Por su parte, la CIBIM continuará apoyando a los órganos de contratación, entre otros, con la elaboración de material de guía y documentación técnica de apoyo, así como con acciones de divulgación y formación. El objetivo es agilizar la implantación de BIM de manera coordinada.