Con el objetivo de garantizar que, para 2030, todas las viviendas de la UE tengan acceso a redes gigabit fijas y que todas las áreas pobladas dispongan de cobertura 5G, el Parlamento Europeo ha adoptado su posición de negociación sobre el proyecto de Ley de infraestructura gigabit, que incluye medidas para reducir los costes del despliegue de redes de alta velocidad y simplificar y acelerar los procedimientos administrativos para la concesión de permisos.
El proyecto de Ley de infraestructura gigabit persigue estimular las inversiones en infraestructura digital, fomentar el crecimiento económico y garantizar que las empresas europeas se sitúen a la vanguardia de la innovación global.
En sus enmiendas, el Parlamento Europeo reduce de cuatro a dos meses el tiempo que tienen las autoridades nacionales para tomar una decisión sobre la concesión de un permiso. Así, se disminuirían los obstáculos burocráticos para los operadores y las administraciones nacionales para un proceso de implementación más rápido.
La legislación pretende facilitar el acceso a infraestructura física como mobiliario urbano, edificios, tejados y fachadas, así como fomentar que se compartan infraestructuras existentes, como conductos, postes, instalaciones de antenas o torres para minimizar costosas obras y acelerar el despliegue de redes de alta velocidad.
Ampliación de la infraestructura en zonas de poco cobertura
Asimismo, la Ley de infraestructura gigabit introduciría medidas para coordinar las obras civiles realizadas por los operadores de red o las autoridades públicas. Las disposiciones específicas también apuntan a incentivar y acelerar la extensión de la cobertura a zonas rurales, remotas y escasamente pobladas. Para lograrlo en situaciones muy limitadas, las obligaciones de acceso se ampliarían a los edificios comerciales en áreas con poca cobertura y en aquellas donde no hay edificios públicos disponibles para albergar infraestructura.
Igualmente, los eurodiputados han votado a favor de la eliminación de todas las tasas adicionales para las comunicaciones dentro de la UE, en beneficio de la ciudadanía y del mercado único europeo. El próximo paso será el inicio de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo.