La Comisión Europea ha anunciado que la Ley Europea de Chips ha entrado el vigor el 21 de septiembre. Esta directiva establece un conjunto integral de medidas con el objetivo de garantizar la seguridad del suministro, la resiliencia y el liderazgo tecnológico de la Unión Europea (UE) en tecnologías y aplicaciones de semiconductores.
Concretamente, la Ley Europea de Chips fortalecerá las actividades de fabricación en la Unión Europea, estimulará el ecosistema de diseño europeo y apoyará la ampliación y la innovación en toda la cadena de valor. A través de esta ley, la UE pretende alcanzar su objetivo de duplicar su actual cuota de mercado mundial hasta el 20% en 2030.
La Ley Europea de Chips consta de tres pilares principales. El primer pilar, la Iniciativa Chips para Europa, refuerza el liderazgo tecnológico de Europa, facilitando la transferencia de conocimientos del laboratorio a la fábrica, reduciendo la brecha entre la investigación y la innovación y las actividades industriales. Además, promoverá la industrialización de tecnologías innovadoras por parte de las empresas europeas. La iniciativa Chips para Europa será aplicada principalmente por la Empresa Común Chips.
La iniciativa contará con el apoyo de 3.300 millones de euros de fondos de la UE, que se espera que se complementen con fondos de los Estados miembros. En concreto, esta inversión apoyará actividades como la creación de líneas de producción piloto avanzadas para acelerar el desarrollo de la innovación y la tecnología, el desarrollo de una plataforma de diseño basada en la nube, el establecimiento de centros de competencia, el desarrollo de chips cuánticos, así como la creación de un Fondo de Chips para facilitar el acceso a financiación mediante deuda y capital.
Mejoras en las instalaciones de fabricación de semiconductores
Por su parte, el segundo pilar de la Ley Europea de Chips incentiva las inversiones públicas y privadas en instalaciones de fabricación para los fabricantes de chips y sus proveedores. Este pilar crea un marco para garantizar la seguridad del suministro atrayendo inversiones y mejorando las capacidades de producción en la fabricación de semiconductores.
Con este fin, establece un marco para instalaciones de producción integradas y fundiciones abiertas de la UE, que contribuyen a la seguridad del suministro y a un ecosistema resiliente en interés de la UE. La Comisión Europea ya indicó en el momento de la propuesta de Ley de Chips que se podrían conceder ayudas estatales a instalaciones únicas, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En su tercer pilar, la Ley Europea de Chips ha establecido un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión Europea para reforzar la colaboración con los Estados miembros y entre ellos, controlar el suministro de semiconductores, estimar la demanda, anticipar la escasez y, si es necesario, activar la activación de una etapa de crisis. Como primer paso, el 18 de abril de 2023 se creó un sistema de alerta de semiconductores que permite a cualquier parte interesada informar sobre interrupciones en la cadena de suministro de semiconductores.
Entrada en vigor del Reglamento sobre la Empresa Común de Chips
Además, ha entrado en vigor el Reglamento sobre la Empresa Común de Chips (JU), que permite iniciar la aplicación de la mayor parte de la Iniciativa Chips para Europa. Asimismo, el Fondo de Chips también iniciará sus actividades. Con la entrada en vigor de la Ley de Chips, también comenzará formalmente el trabajo de la recién creada Junta Europea de Semiconductores, que será la plataforma clave para la coordinación entre la Comisión Europea, los Estados miembros y las partes interesadas.
En el marco del segundo pilar, la industria podrá solicitar instalaciones planificadas para obtener el estatus de instalación de producción integrada (IPF) o fundición abierta de la UE (OEF). Este estatus permitirá que estas instalaciones se establezcan y funcionen dentro de la Unión Europea, permitiendo así un enfoque simplificado para las solicitudes administrativas y la concesión de permisos. Este estatus también exigirá que estas instalaciones cumplan criterios que garanticen su contribución a los objetivos de la UE y su fiabilidad como proveedores de chips en tiempos de crisis.