La Comisión Europea ha publicado una serie de recomendaciones sobre medidas y políticas que pueden adoptar los países de la UE para abordar la pobreza energética. Estas medidas están diseñadas para tener un impacto duradero, abordando las causas profundas de la pobreza energética, como el bajo rendimiento energético de los hogares y electrodomésticos, el elevado gasto energético en proporción a los presupuestos familiares y los menores niveles de ingresos. Entre las medidas que se incluyen en las recomendaciones, destacan la inversión en eficiencia energética y energías renovables.
Las recomendaciones van acompañadas de un documento de trabajo de los servicios que contiene un análisis más detallado de las medidas recomendadas. Tras la revisión recientemente adoptada de la Directiva sobre eficiencia energética que incluye una definición de pobreza energética a nivel de la UE, la recomendación también describe cómo se puede diagnosticar la pobreza energética a nivel nacional.
Ambos documentos señalan los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC), así como los Planes Sociales sobre el Clima, como oportunidades para que los países de la UE reflejen las recomendaciones actuales en su marco político para combatir la pobreza energética.
La publicación de la recomendación y del documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea se produce tras amplias consultas llevadas a cabo por la Comisión Europea con los Estados miembros y con las partes interesadas, incluidas organizaciones de consumidores y de la sociedad civil, sindicatos, grupos de lucha contra la pobreza, proveedores de viviendas sociales, activistas medioambientales, organizaciones sanitarias y cooperativas energéticas, y proveedores de energía.
Renovación de la Declaración Conjunta
Esta iniciativa se acompaña de la renovación de la Declaración Conjunta sobre una mayor protección de los consumidores para el invierno, firmada originalmente en diciembre de 2022. Con el apoyo de la Comisión Europea, las principales partes interesadas que representan a consumidores, reguladores, proveedores y distribuidores de energía se comprometieron a respetar los principios comunes y adoptar medidas, que van más allá de la legislación existente, para apoyar a los hogares durante todo el invierno 2022-23.
Aunque los precios mayoristas de la energía han disminuido desde los máximos alcanzados durante el invierno pasado, los clientes vulnerables y aquellos en situación de pobreza energética continúan enfrentando dificultades para pagar sus facturas y el costo de vida sigue siendo alto. Por ello, las partes interesadas han acordado renovar la Declaración Conjunta para el invierno 2023-2024.