Con el objetivo de responder de manera eficaz a la necesidad cada vez mayor de la ciudadanía y las empresas de la UE de acceder a redes de banda ancha de alta velocidad, el Consejo Europeo ha adoptado una posición común sobre la propuesta de Ley de infraestructura gigabit de la Comisión Europea.
La propuesta de Ley de infraestructura gigabit, alineada con el programa político de la Década Digital de la Unión Europea, tiene el propósito de reducir los elevados costes del despliegue de infraestructura de comunicaciones electrónicas, causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos antes del despliegue o actualización de las redes, que a veces son largos y complejos.
Además, pretende acelerar la extensión de las redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia a todos los agentes económicos implicados, y prever procesos de planificación y despliegue más eficientes para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Esta propuesta de naturaleza de armonización mínima también aborda el despliegue y el acceso a la infraestructura física interior, esperando facilitar las aplicaciones transfronterizas y permitir a las partes interesadas, operadores de comunicaciones electrónicas, fabricantes de equipos o empresas de ingeniería civil lograr mejores economías de escala.
Modificaciones de la propuesta de Ley
En base a las solicitudes de los Estados miembros de la UE, el Consejo Europeo ha modificado algunos aspectos de la propuesta de Ley. Se ha eliminado el concepto de aprobación tácita, se ha incluido una excepción durante un periodo transitorio para los municipios más pequeños y una serie de excepciones para infraestructura nacional crítica, se ha aclarado que no solo se puede utilizar fibra óptica para llegar a capacidades muy altas y se han clarificado los factores a la hora de calcular las condiciones justas de acceso.
De esta forma, se busca garantizar que los países tengan autonomía a la hora de emitir normas más detalladas y puedan ampliar varios elementos importantes de la legislación, que establece una armonización mínima de las medidas para reducir el coste de las redes de comunicaciones electrónicas gigabit.
Tras la adopción de la posición común, la Presidencia española del Consejo podrá entablar conversaciones con el Parlamento Europeo para avanzar en las negociaciones hasta finales de año.