Como parte del paquete Fit for 55, el Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre una propuesta de revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, cuyos objetivos principales son que los nuevos edificios sean de cero emisiones de aquí a 2030 y que todos los edificios existentes se transformen en edificios de cero emisiones de aquí a 2050.
En diciembre de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios con el Pacto Verde Europeo, con el objetivo de descarbonizar el parque de edificios de la Unión Europea para 2050.
Se trata de una propuesta que facilitará la rehabilitación de viviendas, escuelas, hospitales, oficinas y otros edificios con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las facturas de energía e impulsar la tasa de rehabilitación energética en toda la UE.
Reducción de la energía primaria en edificios
El Consejo Europeo y el Parlamento ha acordado que, a partir de 2028, los edificios nuevos ocupados o propiedad de organismos públicos serán edificios de cero emisiones. Además, a partir de 2030, todos los edificios nuevos serán de cero emisiones.
Para los edificios residenciales, los Estados miembros tendrán que implementar medidas para garantizar una reducción en la energía primaria promedio utilizada de al menos un 16% para 2030 y al menos entre un 20% y un 22% para 2035. Los Estados miembros tendrán que renovar el 16% de los edificios no residenciales con peor rendimiento para 2030 y, para 2033, el 26% con peor rendimiento mediante requisitos mínimos de eficiencia energética.
Asimismo, los Estados miembros tendrán que garantizar que los nuevos edificios estén preparados para la energía solar, lo que significa que deben ser aptos para albergar instalaciones fotovoltaicas o solares térmicas en los tejados. La instalación de instalaciones de energía solar se convertirá en la norma en los edificios nuevos.
En los edificios públicos y no residenciales existentes será necesario instalar energía solar gradualmente, a partir de 2027, cuando sea técnica, económica y funcionalmente viable. Estas disposiciones entrarán en vigor en diferentes momentos dependiendo del tipo y tamaño del edificio.
Eliminación de calderas de combustibles fósiles
Por otro lado, los Estados miembros adoptarán medidas para descarbonizar los sistemas de calefacción y eliminar gradualmente los combustibles fósiles en calefacción y refrigeración con el objetivo de eliminar por completo las calderas de combustibles fósiles para 2040. Los Estados miembros también tendrán que dejar de subvencionar las calderas independientes de combustibles fósiles a partir de 2025. No obstante, los incentivos seguirán siendo posibles para los sistemas de calefacción híbridos.
El acuerdo también impulsará la adopción de la movilidad sostenible gracias a disposiciones sobre precableado, puntos de recarga para vehículos eléctricos y plazas de aparcamiento para bicicletas.
Los Estados miembros también tendrán que garantizar que los nuevos edificios estén preparados para la energía solar. En los edificios públicos y no residenciales existentes, será necesario instalar energía solar gradualmente, a partir de 2027, cuando sea técnica, económica y funcionalmente viable. Estas disposiciones entrarán en vigor en diferentes momentos dependiendo del tipo y tamaño del edificio.
Nuevo modelo de certificados de eficiencia energética
Los certificados de eficiencia energética (EPC) mejorados se basarán en un modelo común de la Unión Europea con criterios comunes, para informar mejor a los ciudadanos y facilitar las decisiones de financiación en toda la UE.
Para luchar contra la pobreza energética y reducir las facturas de energía, las medidas de financiación tendrán que incentivar y acompañar las renovaciones y estar dirigidas en particular a los clientes vulnerables y a los edificios de peor rendimiento, en los que vive una mayor proporción de hogares pobres en energía.
Los Estados miembros también tendrán que garantizar que existan salvaguardias para los inquilinos, para ayudar a abordar el riesgo de desalojo de hogares vulnerables causado por aumentos desproporcionados de los alquileres tras una renovación.