Acelerar el despliegue de la infraestructura de red gigabit en toda Europa es el objetivo del acuerdo provisional alcanzado esta semana entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo sobre una propuesta para sustituir la Directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD) de 2014 por la Ley de infraestructura gigabit (GIA). La nueva ley pretende reducir los costos innecesariamente altos del despliegue de la infraestructura de comunicaciones electrónicas, causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos antes del despliegue o actualización de las redes.
Aunque se ha mantenido la orientación general de la propuesta de la Comisión Europea en este acuerdo provisional, los colegisladores modificaron partes de la propuesta. Las modificaciones más destacables son introducir un mecanismo de conciliación obligatorio entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones, como paso intermedio para facilitar el procedimiento de concesión de permisos; además de incluir una excepción por un período de transición para municipios más pequeños, así como disposiciones específicas para promover la conectividad en áreas rurales y remotas.
Entre las modificaciones, también se aclararon los factores a la hora de calcular las condiciones justas y razonables de acceso, se introdujo una disposición específica para abordar la presencia de intermediarios entre los propietarios de tierras y los operadores de infraestructuras, se acordaron disposiciones específicas sobre una etiqueta voluntaria de ‘listo para fibra’ para edificios, y se incluyeron varias excepciones para infraestructura nacional crítica.
Por último, dado que el actual precio minorista de las comunicaciones reguladas dentro de la UE expirará el 14 de mayo de 2024, el acuerdo provisional prevé la continuación de la protección de los consumidores, especialmente de los usuarios vulnerables, ampliando los límites de precios, que son 0,19 euros por minuto para llamadas y 0,06 euros por mensaje SMS actualmente.
Ley de infraestructura gigabit
La GIA es una pieza legislativa esencial para alcanzar los objetivos y metas de conectividad de Europa, tal como se establecen en la brújula digital de la UE para esta década, y para desplegar las redes de comunicaciones electrónicas de próxima generación en la UE.
Algunos de los objetivos del reglamento son acelerar el despliegue de las redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia para todos los actores económicos involucrados y prever procesos de planificación y despliegue más eficientes para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Esta ley de carácter de armonización mínima también aborda el despliegue y el acceso a la infraestructura física interna. Se espera que facilite las aplicaciones transfronterizas y permita a las partes interesadas, operadores de comunicaciones electrónicas, fabricantes de equipos o empresas de ingeniería civil, lograr mejores economías de escala.
El acuerdo provisional garantiza en general que los Estados miembros tengan una amplia autonomía para emitir normas más estrictas y detalladas sobre varios elementos importantes de esta nueva regulación.
Tras el acuerdo provisional, continuarán los trabajos técnicos de los expertos de ambas instituciones con vistas a presentar un texto transaccional a los colegisladores para su aprobación. Por parte del Consejo Europeo, se pretende presentar el texto a los representantes de los Estados miembros (Coreper) para su aprobación lo antes posible. Tras su aprobación, el proyecto de acto legislativo se someterá a una revisión jurídico-lingüística antes de ser adoptado formalmente por ambas instituciones.