Sustituyendo a la Directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD) de 2014, la nueva Ley de infraestructura gigabit, aprobada definitivamente esta semana por el Consejo Europeo, tiene como objetivo simplificar y acelerar el despliegue de redes de alta velocidad, como la fibra óptica y el 5G, con miras a alcanzar los objetivos y metas de conectividad de Europa establecidos en la brújula digital para esta década.
El nuevo reglamento también pretende reducir los costes innecesariamente elevados del despliegue de redes de alta capacidad causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos. Esto último se simplificará mediante un mecanismo de conciliación obligatorio entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones.
Por otro lado, la legislación proporcionará aún más transparencia y garantizará una planificación eficiente para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Mejora del acceso a la infraestructura física interna
Respecto a los servicios de la sociedad de la información por parte del público y las empresas, la Ley de infraestructura gigabit mejorará el acceso a la infraestructura física interna y abordará su despliegue. Además, la nueva ley permite cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros, como excepciones para infraestructura nacional crítica.
Por último, dado que el actual límite del precio minorista para las comunicaciones reguladas dentro de la UE expirará el 14 de mayo de 2024, los límites actuales de 0,19 euros por minuto para llamadas y 0,06 euros por mensaje SMS se amplían hasta el 30 de junio de 2032 para garantizar protección, especialmente para los consumidores vulnerables.
El texto se publicará en el Diario Oficial de la UE en los próximos días y entrará en vigor tres días después de esta publicación. La nueva ley se aplicará 18 meses después de su entrada en vigor y algunas disposiciones específicas se aplicarán en una etapa posterior.